Tras las explosiones del 7 de marzo, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial hizo oficial el llamamiento a la solidaridad internacional y declaró a la ciudad de Bata “zona catastrófica” el día 9 de marzo. Desde entonces, la ONU respondió al llamamiento desplegando un equipo humanitario y de seguridad sobre el terreno con el propósito de llevar a cabo una evaluación rápida del área afectada mientras se ofrece apoyo humanitario, técnico y sanitario a los damnificados y apoyando a las autoridades a través de mecanismos de coordinación y reforzamiento de sistemas logísticos.
Las agencias de las Naciones Unidas se encontraban sobre el terreno cuando, el 12 de marzo, se incrementó el apoyo con la llegada al país de un equipo del Departamento de Naciones Unidas para la Coordinación y Evaluación de Desastres (UNDAC, por sus siglas en inglés).
Como fruto de esta sinergia, el UNCT elaboró en colaboración con la Comisión Técnica Nacional de Emergencia, un Plan de Respuesta Humanitaria y de Recuperación (ERP) para Guinea Ecuatorial. Para una duración de un año el Plan responde a las necesidades de unas 16.000 personas, entre mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños afectados por las explosiones del 7M. Acceso a servicios básicos, recuperación de medios de vida y las viviendas destruidas por las explosiones son los principales productos del Plan, distribuidos estratégicamente en cinco pilares.
El ERP está valorado en 10,6 millones de dólares, de los cuales, Naciones Unidas y los socios gubernamentales, sociedad civil, sector privado y otros han movilizado 2,2 millones de dólares americanos.
Sobre el terreno, el UNICEF y sus socios evaluaron las fuentes de agua del lugar, descubriendo que el 86% de los pozos analizados contienen la bacteria Escherichia Coli (E.Coli), que puede causar enfermedades a los consumidores; el PNUD, junto con sus contrapartes nacionales y otros socios, implementa entre otros trabajos, la iniciativa del proyecto de efectivo por trabajo, por el que 120 víctimas identificadas recibieron apoyo laboral, financiero y psicosocial. UNICEF y UNFPA están apoyando al Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género (MINASIGE) en el desarrollo de un registro social único que recoja información relacionada a las víctimas del 7M.
Por su parte, la OMS apoyó al Ministerio de Sanidad en la coordinación de la respuesta técnica sanitaria con el desplazamiento de 6 expertos internacionales y 6 expertos nacionales, así como con kits de tráuma con los que se pudo dar atención médica a 8.500 personas
El UNFPA junto con el MINASIGE, el Ministerio de Salud y Bienestar Social (MINSABS) y ONG asociadas, llevaron a cabo una evaluación de la violencia de género entre las familias afectadas por el 7M. Mientras ONG asociadas como ASAMA, Salud Positiva, ADMAD y fundaciones como FCMNO, Fundación Martínez Hnos. y actores del sector privado continúan distribuyendo bienes a las familias que perdieron sus medios de vida y sus hogares.